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19 June 2024

Filipinas - Seis años después del conflicto, avances y retos para los desplazados internos

La ciudad de Marawi, en el sur de Filipinas, fue escenario de un gran conflicto urbano entre mayo y octubre de 2017 que enfrentó a fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales, entre ellos Abu Sayyaf, filial local del grupo Estado Islámico, y el grupo Maute, que controlaban la ciudad. Alrededor de 1.000 personas perdieron la vida y 350.000 fueron desplazadas internamente. Desde entonces, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para reconstruir Marawi y apoyar a los desplazados internos en su búsqueda de soluciones duraderas. El proceso no ha estado exento de dificultades, pero demuestra que la consecución de soluciones duraderas conlleva procedimientos largos y complejos que requieren un enfoque de todo el gobierno que sea polifacético y sostenido en el tiempo.

El entorno construido de Marawi sufrió graves daños durante el conflicto, lo que impidió el rápido retorno de los desplazados internos. Poco después de que el ejército retomara la ciudad, el gobierno creó la Task Force Bangon Marawi (TFBM) para facilitar la recuperación, reparación y reconstrucción tras el conflicto. La TFBM incluía subcomités dedicados a la vivienda, la sanidad y el bienestar social, las empresas y los medios de subsistencia, y la paz y el orden. El gobierno también obtuvo un préstamo de ayuda de emergencia y una serie de subvenciones del Banco Asiático de Desarrollo, que proporcionaron financiación inmediata y flexible para ampliar los programas dirigidos a los desplazados.

Estas iniciativas ayudaron a reducir significativamente el número de desplazados internos en el primer año después del conflicto. Sin embargo, la recopilación de datos no estuvo coordinada en 2017 y 2018, lo que generó discrepancias de una zona a otra y dificultó la comprensión de los patrones y tendencias del desplazamiento. Desde entonces, el Gobierno y sus socios humanitarios han mejorado su monitoreo mediante la realización de evaluaciones de las necesidades y los riesgos de protección de los desplazados internos y la producción de actualizaciones mensuales sobre el número de personas que viven en refugios transitorios y permanentes. Esta mejora de la cobertura ha permitido conocer mejor los efectos diferenciados entre los distintos grupos de población, lo que a su vez ha contribuido a mejorar la respuesta.

Las agencias nacionales, incluidos los departamentos de obras públicas y carreteras, comercio e industria, agricultura y reforma agraria, así como la autoridad nacional de vivienda, desempeñaron un papel activo en la aceleración de la recuperación. A nivel local, el gobierno estableció un Comité Especial para la Rehabilitación de la Ciudad de Marawi en 2019 para acelerar aún más los esfuerzos, especialmente en términos de reconstrucción de infraestructura y vivienda. Ese mismo año también se concedió autonomía a la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (BARMM) como parte de un acuerdo de paz destinado a garantizar la estabilidad a largo plazo.

Estos esfuerzos se vieron obstaculizados por el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando los cierres impidieron a los desplazados internos reubicarse o regresar a Marawi, acceder a la ayuda o inscribirse en los programas dirigidos por el gobierno. La pandemia también provocó un aumento de las necesidades porque las personas perdieron sus medios de subsistencia y parte o la totalidad de sus ingresos. A pesar de los esfuerzos concertados para luchar contra la propagación del virus, se registraron casos en los albergues, que a menudo tenían problemas de agua, saneamiento y salud.

A medida que los efectos de la pandemia retrocedían, se redoblaron los esfuerzos para poner fin de forma sostenible a la difícil situación de los desplazados internos. Las agencias gubernamentales, las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales aumentaron su apoyo, incluyendo el reforzamiento del sistema sanitario. Los desplazados internos también crearon sus propias cooperativas y programas de subsistencia, participando activamente en la búsqueda de soluciones.

El Congreso aprobó una ley en abril de 2022 para indemnizar a los afectados por el conflicto por las pérdidas sufridas en términos de vidas y bienes. El proceso ha continuado a pesar de las limitaciones financieras, y a mediados de 2023 el gobierno local comenzó a ofrecer asistencia jurídica gratuita para agilizar la tramitación de las solicitudes. El gobierno nacional también presentó su plan nacional de desarrollo para 2023-2028, que reconoce la complejidad de encontrar soluciones a largo plazo para el desplazamiento y reafirma su compromiso con la recuperación de los desplazados internos y de la ciudad. El plan subraya la importancia de la estabilidad a largo plazo y de los esfuerzos para reducir el riesgo de desastres, un paso positivo para prevenir futuros desplazamientos.

La Oficina del Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad también ha puesto en marcha una serie de iniciativas y programas para abordar las causas del conflicto, entre otras cosas aliviando la pobreza y aumentando el acceso a la justicia. Consciente de los retos a los que siguen enfrentándose los desplazados internos, el gobierno emitió una orden el 30 de diciembre de 2023 para agilizar los trámites burocráticos y facilitar la recuperación y la soluciones duraderas para las 80.000 personas que se estimaba seguían viviendo en situación de desplazamiento interno.

Aunque el desplazamiento seguía sin resolverse para muchos, los esfuerzos realizados a todos los niveles de gobierno para atender sus necesidades y resolver su situación deben considerarse un ejemplo notable de implicación y responsabilidad del gobierno para con sus ciudadanos desplazados. Si se mantienen, estas iniciativas ayudarán a resolver la mayor situación de desplazamiento por conflicto en Filipinas de cara al futuro.

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