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19 June 2024
Nueva Zelanda: Resiliencia a desastres y respuestas adaptadas mitigan el impacto del ciclón Gabrielle
En 2023, Nueva Zelanda registró 14.000 desplazamientos internos, su cifra más alta desde 2010. El ciclón Gabrielle, una tormenta de categoría 3, causó 11.000 de ellos cuando azotó la Isla Norte el 13 de febrero. Siendo un país afectado habitualmente por inundaciones, en muchos sentidos el impacto de Gabrielle no tuvo precedentes. Provocó diez veces más desplazamientos que todas las tormentas de los cinco años anteriores juntas. Causó daños por valor de más de 8.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el ciclón tropical más costoso del hemisferio sur.
La región oriental de Hawke's Bay, donde viven 183.000 personas, fue la más afectada, con unos 9.000 desplazados. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales provocaron cortes de electricidad y obstaculizaron las comunicaciones, mientras que las inundaciones y los deslizamientos de tierra dañaron y destruyeron carreteras, retrasando las labores de rescate y la respuesta de emergencia, sobre todo en las comunidades más remotas. Esto aumentó la presión para generar mayor autosuficiencia, mejores mecanismos de respuesta e inversión en infraestructuras a nivel local.
En los meses posteriores a Gabrielle, muchos desplazados internos se inscribieron para recibir ayudas del Servicio de Alojamiento Temporal del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo, que ayuda a los hogares desplazados por desastres a encontrar alojamiento temporal seguro y accesible mientras se reparan o reconstruyen sus viviendas. El gobierno también apoyó los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, asignando recursos para ayudar a las empresas locales a reactivar la economía y proporcionando ayuda financiera a familias y particulares. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la sociedad civil, incluidas las comunidades maoríes, desempeñaron un importante papel de apoyo a las iniciativas locales de recuperación.
Alrededor del 70% de las viviendas dañadas en el distrito de Wairoa estaban ocupadas por whānau (familias) maoríes, muchas de las cuales eran inquilinas sin seguro. En reconocimiento de la carga soportada por las comunidades y empresas maoríes, el gobierno dedicó fondos específicos a aquellas que se vieron afectadas.
La magnitud de los daños de las viviendas también llevó al gobierno a desarrollar un sistema de categorización de terrenos en las zonas afectadas para garantizar que las casas se reconstruyeran de forma segura y mejor preparadas para futuros desastres. El consejo regional de Hawke's Bay determinó las zonas en las que las propiedades podían ser simplemente reparadas por sus propietarios, las zonas que requerían una mitigación del riesgo a nivel individual o comunitario para hacerlas seguras, y aquellas en las que el riesgo futuro era lo suficientemente alto como para que ya no fuera seguro que la gente viviera allí. En este último caso, el gobierno ofreció a los propietarios una opción de compra voluntaria.
Auckland, la principal área metropolitana del país, vivió su enero más lluvioso desde 1853, lo que provocó inundaciones en la ciudad y sus alrededores y llevó al ayuntamiento a declarar el estado de emergencia. Se registraron unos 2.500 desplazamientos internos. Dos semanas más tarde, Gabrielle trajo nuevas lluvias torrenciales, que provocaron otros 1.500 desplazamientos. También en este caso, el gobierno proporcionó alojamiento temporal y ofreció ayuda económica a los desplazados.
Años de medidas innovadoras para mitigar los impactos del cambio climático y las inundaciones, incluida la ampliación de superficies permeables como jardines de lluvia, tejados verdes y humedales alrededor de los cauces de los ríos de la ciudad ayudaron a gestionar mejor la escorrentía de agua. Es probable que estas iniciativas hayan contribuido a reducir las pérdidas y los daños, así como los desplazamientos.
Los impactos de Gabrielle reforzaron la necesidad de seguir aplicando el Plan Nacional de Adaptación del país publicado en 2022, el primero de una serie que se revisará cada seis años. Su objetivo es identificar los riesgos y las opciones de adaptación, e integrar la resiliencia climática en todas las estrategias, políticas, planificación y decisiones de inversión del gobierno. La tormenta fue también un recordatorio de la importancia de reforzar las iniciativas locales para aumentar la resiliencia ante sucesos similares en el futuro.
