Colombia - La cambiante dinámica del conflicto sigue afectando desproporcionadamente a los más vulnerables

La dinámica del conflicto en Colombia ha cambiado desde el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero las mismas regiones y comunidades siguieron registrando las cifras más altas de desplazamiento interno en 2023. Según datos del gobierno, más de la mitad de los desplazamientos internos asociados al conflicto y la violencia tuvieron lugar en la región del Pacífico, donde las comunidades afrocolombianas e indígenas siguieron viéndose desproporcionadamente afectadas.

La región del Pacífico, formada por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, es estratégica para las actividades delictivas de los grupos armados no estatales. Sus ricos recursos naturales, su vasto litoral y su lejanía facilitan la producción y el tráfico de drogas, así como la tala y la minería ilegales. Las fronteras con Ecuador y Panamá también han fomentado un tráfico de personas y de migrantes cada vez más lucrativo. Se calcula que medio millón de personas cruzaron la frontera con Panamá a través del tapón del Darién en 2023, frente a una media anual de menos de 11.000 en la década anterior. Los migrantes se enfrentan a importantes riesgos de protección en el peligroso viaje para cruzar la frontera. También hay cada vez más evidencia de que los migrantes son víctimas de ataques violentos por parte de los grupos armados no estatales.

En toda la región, las poblaciones locales siguen siendo las más afectadas por los efectos del conflicto. Tras la desmovilización de la mayoría de los miembros de las FARC desde 2016, otros grupos armados no estatales han luchado por ampliar y consolidar su presencia económica y territorial, especialmente en las zonas rurales. La limitada presencia del Estado les ha permitido ejercer control sobre las comunidades, empujándolas a huir o atrapándolas en confinamiento forzado.

Desplazamiento y confinamiento pueden parecer opuestos, pero comparten algunas causas e impactos. Tanto las comunidades confinadas como las desplazadas suelen carecer de acceso a la ayuda humanitaria y algunas de sus necesidades quedan insatisfechas, sobre todo en casos de desplazamiento individual (menos de diez personas) y en zonas donde persisten los combates y la inseguridad. El confinamiento suele deberse a la presencia de artefactos explosivos sin detonar y a la contaminación por minas antipersonal. Algunos confinamientos prolongados han dado lugar a grandes oleadas de desplazamiento cuando los grupos armados no estatales han levantado sus restricciones, lo que ha alimentado aún más la vulnerabilidad y la inestabilidad.

Al igual que en el caso del desplazamiento, las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico también se ven desproporcionadamente afectadas por el confinamiento. Los impactos diferenciados son claros en los datos desagregados por grupo étnico, que muestran que el 62% de los desplazamientos y el 94% de los casos de confinamiento en la región fueron de comunidades afrocolombianas o indígenas. En Nariño, el departamento donde más desplazamientos se registraron en Colombia en 2023, el 75% fueron de comunidades afrocolombianas o indígenas. Esto a pesar de que representen cerca del 33% de la población del departamento.

En todo el Pacífico, los asesinatos, el reclutamiento forzoso, las amenazas y los ataques a escuelas son algunas de las razones por las que las comunidades vulnerables se han visto obligadas a huir. Su desplazamiento perjudica, a su vez, su tejido social y su resiliencia, y ralentiza la implementación del acuerdo de 2016, que cuenta con un capítulo étnico que exige el respeto de los derechos territoriales y las garantías de seguridad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Reconociendo que la implementación se ha retrasado, la vicepresidencia ha identificado nueve áreas prioritarias para estas comunidades, incluidos el acceso a la tierra, programas de desarrollo y mecanismos de autoprotección más robustos.

El Registro Único de Víctimas, un mecanismo que hace seguimiento a las víctimas del conflicto, incluyendo a los desplazados internos, es útil para proveer información clave para entender la dinámica del desplazamiento y los diferentes impactos en ciertos grupos poblacionales. Otros mecanismos, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, creada por el gobierno en octubre de 2022, son igualmente útiles para hacer un seguimiento de la situación en diferentes territorios y comunidades, como base para priorizar la ayuda humanitaria y las reparaciones.